Transparencia, democracia y ciudadanía son aspectos que están intrínsecamente ligados entre sí. Transparencia es en pocas palabras apertura activa. En palabras literales, aquello que se deja atravesar fácilmente por la luz y permite ver distantemente los objetos a través de la masa (Larouuse, 2015). Una no es posible sin las otras, la transparencia y la democracia requieren de una ciudanía activa y que participe. “Los gobiernos no solo deben dejar que el ciudadano observe sino que debe divulgar la información que posee” (Aguilar, 2010).
En palabras de Giovanni Sartori, democracia significa básicamente el poder del pueblo, sin embargo, esta definición se queda en un sentido mínimo, ya que si bien son procedimientos, otros autores consideran que se requieren de muchas otras características para que un sistema sea considerado como tal. Para autores como Shumpeter, los ciudadanos reaccionan ante impulsos que pueden ser racionales o irracionales, por tanto, la democracia se convierte en un sistema en el cual los ciudadanos pueden desechar a sus gobernantes por medio de elecciones competitivas. Karl Popper destacaba que la democracia es un sistema en el cual los ciudadanos pueden deshacerse de sus gobernantes sin derramar sangre.
La pregunta pertinente entonces sería: ¿la transparencia tiene esencia propiamente democrática?
La transparencia es sin duda uno de los elementos que complementan a la democracia; asimismo, la transparencia posee rasgos estrictamente democráticos, los cuales le otorgan al ciudadano la facultad de que este mande, pues es “el deber de los mandatarios o gobernantes realizar como regla general sus actuaciones de manera pública como un mecanismo de control de poder y de legitimidad democrática de las instituciones públicas” (Villanueva, E).
En palabras de Bobbio la transparencia es un indicador de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo, debe existir información de calidad. Asimismo, se requiere de una ciudadanía crítica para que pueda hacer algo útil con dicha información.
¿Qué papel desempeña la transparencia en la democracia? Bentham menciona cinco funciones: evaluación de los gobernantes para premiarlos o castigarlos; rendición de cuentas; control del poder público como una medida para limitar al poder del Estado; fortalecer a la autoridad pública generando confianza en los ciudadanos; y detección y corrección de errores, esto fortalece a los gobiernos.
¿Cuál es el problema con la opacidad?
La Ley de Transparencia no ha logrado que las personas que ejercen el poder se abstengan de utilizar los fondos públicos para su beneficio personal. Es probable que malas prácticas en el pasado sigan incrustadas en las formas de gobernar, pero los medios de comunicación y la sociedad les están recordando permanentemente que son servidores públicos y que no son dueños del dinero y los bienes materiales que se les asignan para llevar a cabo su función.
Hasta el momento no se ha visto una vinculación entre la transparencia y la erradicación de la corrupción que tiene un costo tan elevado como se desearía en una democracia. A trece años de haberse promulgado la Ley de Transparencia se puede observar que los servidores públicos rinden cuentas cuestionadas por la opinión pública, ya que sigue habiendo opacidad en varios rubros y cuando están claras, causa enojo e indignación por la manera en que distribuyen y gastan.
Relación entre conceptos
Una de las ventajas de la rendición de cuentas es que el político o servidor se ve obligado a hablar con la verdad, ya que sabe que va a ser cuestionado y la Ley de Transparencia proporciona esta información a quien la solicite, sea un ciudadano o un medio de comunicación. De esta manera se da una relación virtuosa a favor de la verdad.
Asimismo, otra ventaja es que al estar la información disponible, se eliminan las relaciones de influencia entre un medio de comunicación y un servidor público. No tiene un “costo” que pudiera traducirse en una prebenda a cambio de ocultar o tergiversar la información.
En este contexto los medios de comunicación y las redes sociales son pilares donde descansa la democracia y por ello es tan importante no acotar la liberad de expresión y de prensa. No puede explicarse cómo los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes si no cuentan con la información para tomar decisiones y evaluar el desempeño de estos.
Los medios de comunicación y la ciudadanía unidos con la información disponible pueden abonar al debate de temas que sean de interés público y presionar a las autoridades para atender las necesidades de sus gobernados.
Retos legislativos en Jalisco
La corrupción en Jalisco es alarmante. Por cada 100 mil habitantes en 32 mil 437 existe la incidencia de la corrupción. Esta cifra contiene casos tales como el pago por trámites y solicitudes se servicios públicos durante 2013. La corrupción ocupa el tercer lograr entre los problemas que más afectan al Estado de Jalisco, 6 de cada 10 jaliscienses mencionan la necesidad de combatirla, sin embargo, la autoridad poco ha hecho en esta materia.
Ante la pregunta: ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una mordida o soborno?, la encuesta Jalisco Cómo Vamos del año 2013 menciona que los habitantes de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara respondieron en promedio con cifras muy similares, sin embargo, al ver los municipios por bloque, si se pueden percibir diferencias: en Guadalajara llegan hasta el 10% y en El Salto apenas llegan al 2%. El observatorio concluye en que Podría deberse a la calidad o a la presencia institucional, ya que tal vez haya más fricción o se cruzan más autoridades y ciudadanos en unos municipios que en otros.
Resulta un dato interesante le hecho de que El Salto salga con niveles de corrupción tan bajos, ya que en la evaluación de CIMTRA-Jalisco que se efectuó en mayo de 2013, aunado a las bajas calificaciones se vislumbró un retroceso en materia de transparencia. Según Jalisco Cómo vamos, el estudio revela que este municipio obtuvo cero de calificación en los temas de participación ciudadana y consejos ciudadanos y obtuvo el puntaje más bajo de los municipios evaluados en transparencia del AMG.
Lo contundente es que todos los municipios presentan entre 6% y 8% casos de corrupción pero se puede ver un claro contraste entre en Guadalajara y El Salto. Un hecho interesante que menciona Jalisco Cómo Vamos con base a los indicadores, son las variaciones que se produjeron en 2012. Ya que según el observatorio, estos mejoran respecto al año anterior pero al siguiente año vuelven a su posición original. Es probable que como bien se menciona, los tiempos electorales muevan la percepción, sobre todo cuando se habla de temas institucionales, ya que es cuando más esperanza hay por las promesas que se hacen en campaña. La percepción mejora debido al involucramiento de parte de la ciudadanía al estar pendientes de las instituciones y candidatos.
Gráfica de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Jalisco Cómo Vamos 2013
El plan Estatal de Desarrollo ha planteado la necesidad de crear una Comisión de Anticorrupción y Ética Pública para poder disminuir estos actos. Por otro lado, el Congreso local analiza una iniciativa para crear una fiscalía anticorrupción, la Ley de combate a la corrupción en el Estado de Jalisco y un programa de protección de denunciantes y testigos de estos actos. De igual manera el legislativo de Jalisco considera actualmente la creación de un marco jurídico e institucional para que los funcionarios corruptos sean castigados.
Considero que una de las causas de la corrupción en Jalisco es precisamente la falta de un marco normativo que de manera especializada y direccionada contemple el castigo al oferente y demandante de un acto de corrupción ante una autoridad. La falta de normatividad ha impedido que haya castigos para la corrupción, mientras que la ausencia de una autoridad exclusiva para prevenir, investigar y combatir estos actos ha sido el principal factor para que estos actos continúen.
Me parece que la corrupción no se combatirá con la conformación de nuevas comisiones ni órganos reguladores. Un ejemplo de la falta de eficiencia de estos entes es la oficina de combate a la corrupción en Guadalajara; se trata de un sistema que debe revisarse, sobre todo en el arte de rendición de cuentas, pues hay muchos vacíos y no es eficiente. Por tanto, no creo que la creación de nuevos órganos ataque el problema desde la raíz, ya que la solución resulta mucho más compleja que crear institutos que generen una percepción de que se está castigando a los corruptos. Se necesita pues, que los órganos existentes, funcionen adecuadamente.
México debe enfocarse en tener una legislación que invite y obligue a empresas y entidades públicas a implementar programas de control y supervisión. Hasta que esto no llegue, las nuevas fiscalías y los otros esfuerzos legislativos tendrán los mismos efectos que las medidas anticorrupción tomadas en los últimos veinte años. Además, se debe incluir pues el tema de la coordinación interinstitucional para el combate a la corrupción, particularmente involucrar a los organismos de fiscalización, Hacienda y Crédito Público, Procuraduría de Justicia y seguridad pública.
Aunado a lo anterior considero que con la forma en que se plantea la designación del Fiscal Anticorrupción se corre el riesgo de que éste se partidice y sea capturado por grupos de poder dentro del Congreso y el Gobierno del Estado. Es pertinente modificar la naturaleza institucional para crear un Tribunal Estatal de Cuentas como organismo público autónomo.
Vivir en democracia no ha sido fácil y tiene costos económicos y humanos elevados, pero hay mecanismos que están abonando a la consolidación de ésta como la nueva Ley General de Transparencia. Las redes sociales y el internet es lo que faltaba para la difusión, denuncia y organización social. Finalmente reeducar a los políticos y servidores públicos para actuar con integridad, honestidad y no servirse del poder será un proceso paulatino que vendrá de la exigencia ciudadana y, en este sentido, toman relevancia las organizaciones civiles.
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